Envíos en la sección 'América Latina'
Mientras en el resto del continente avanza la izquierda, en Colombia se consolida el modelo de democracia tutelada y escasamente igualitaria que instalara la oligarquía del país tras el asesinato del caudillo de ideas liberales Eliécer Gaitán, allá por el año 1948, preámbulo del Bogotazo y de la irrupción de la violencia política en este complejo país. Álvaro Uribe es el heredero político más emblemático de esa clase formada por los partidos tradicionales, liberales y conservadores, aliados de la oligarquía y repartidores de privilegios y prebendas siempre.
Colombia, rodeada ahora por países considerados “hostiles”, por sus ideas izquierdistas, contempla como en los últimos años la izquierda ha avanzado importantes posiciones y conseguir llegar al Gobierno en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile, Panamá e incluso Nicaragua. Luego está el caso de Argentina, que daría por sí sola para un ensayo aparte, que también se encuentra en las antípodas políticas y económicas del modelo colombiano.
A nivel continental, para Uribe este escenario un desastre, pues su aislamiento es casi total y le quedan muy pocos socios en la escena latinoamericana con los que compartir sus excepcionales ideas sobre los derechos humanos, la ausencia de un “diseño” de Estado de Bienestar para sus abatidos ciudadanos, las duras políticas de ajuste económico llevadas por el máximo mandatario colombiano y sobre el final de la violencia, el principal problema de la Colombia moderna.
Frente a estos desafíos, que constituyen las principales asignaturas del catálogo de problemas del país, el presidente Uribe esgrime que su nación es el principal socio político y económico de los Estados Unidos en la región y que el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Washington sacará al país de la podredumbre, cuando no miseria, y engarzará a la economía Colombia con el resto del continente y, así, a nivel internacional. Lo que todos condenan ya a nivel latinoamericano, es decir, la estrategia neoliberal de Estados Unidos y sus instituciones aledañas, como el FMI y el Banco Mundial, son vistas en Bogotá como la panacea universal para salir de la crisis. Vieja recetas que nunca dieron resultados y provocaron no pocas contradicciones y disfunciones sociales.
Sin embargo, y tal como se ha visto en la reciente visita de Uribe a Washington, el TLC encuentra numerosas reticencias en legislativo norteamericano y numerosos congresistas demócratas se niegan a aceptar el mismo como la fórmula que sacará a Colombia de su crisis crónica. Hacen falta otras medias colaterales, piensan. Luego al presidente Uribe, contra todo pronóstico, le han llovido las críticas por todos los lados. Le han echado en cara las violaciones de derechos humanos en el país, las consabidas conexiones entre los paramilitares y conocidos políticos y jefes militares colombianos, el asesinato nunca esclarecido de numerosos sindicalistas en los últimos años y la escasa fortaleza del Estado de Derecho en Colombia.
Por otra parte, el presidente ha tenido que soportar en la calle el desaire y la protesta de centenares de ciudadanos colombianos y norteamericanos cansados de los falaces y maniqueos argumentos de Uribe. Sin perder el rictus e intentando representar su papel de “demócrata” de toda la vida, el líder más conservador de toda América Latina se ha esforzado al máximo por cambiar la opinión de los congresistas norteamericanos y por variar la pésima opinión de la que goza en los medios de comunicación de su poderoso vecino del norte.
Pero los tiempos de la Guerra Fría y la importancia estratégica de Colombia han pasado, y los analistas y políticos norteamericanos no pasan por alto, por mucho que se empeñe Uribe, en que su democracia es imperfecta y que tendrá hacer algo más que gestos de inútil retórica para convencerles de que su modelo es el válido. En definitiva, Uribe, aislado en una región en cambio y en plena ebullición, con la izquierda en su mejor momento en décadas, tan sólo trata de salir de su aislamiento y de poder presentar a la opinión pública de su país de resultados tangibles capaces de conjurar sus malos resultados en materia económica.
Pese a los innegables logros logrados en materia de seguridad, que nadie puede negar y le han dado notables réditos electorales, el presidente Uribe está necesitado de éxitos económicos; cree que el TLC se los proporcionará, pero son muchos los que piensan, tanto en Washington como en Bogotá, que dicha apuesta no contribuirá a la estabilización económica del país, más bien lo contrario. Veremos qué pasa en las próximas semanas, sobre todo después del segundo anunciado viaje de Uribe a los Estados Unidos, previsto inicialmente para junio. La retórica uribista, en un momento de una soledad terrible en el continente, puede naufragar en los mares de la racionalidad política, es decir, de la democracia social y real y el respeto a los derechos humanos, dos de las dos grandes cuestiones pendientes en las que tendrá que profundizar la Colombia del siglo XXI.
10 Mayo 2007
Presidente Correa agradeció al pueblo ecuatoriano victoria del «Sí»
ABN 15/04/2007
Quito, Ecuador, 15 Abr. ABN (Emma Grand / Enviada Especial).- El presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, agradeció este domingo en rueda de prensa, a las 6:00 de la tarde (hora local), al pueblo ecuatoriano por la victoria del «Sí» en la consulta popular para instalar la Asamblea Constituyente.
«La victoria por el «Sí», por el futuro, por la patria ha sido aplastante, muchas gracias pueblo ecuatoriano», dijo.
Estas fueron las primeras palabras ofrecidas por Correa desde el salón Fernandita del hotel Hilton Colón en la provincia de Guayas, Guayaquil, Ecuador, una hora después de haberse conocido los resultados extraoficiales de boca de urna emanados por la encuestadora Cedatos.
Según esta encuestadora a boca de urna, avalada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador, hasta el momento, la opción del «Sí», a la pregunta «¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?», obtuvo un 78% de aceptación y la del «No» un 11%.
Asimismo, destacó la empresa Cedatos que el total de votos nulos, hasta el momento, fue de 7% y de blancos 3%.
«Lo que estábamos midiendo no era la popularidad del Presidente de la República; en esta consulta estaba en juego el futuro, la patria y, el pueblo ecuatoriano, ha dicho Sí a ese futuro, Sí a la patria», dijo Correa.
«Hoy más que nunca compatriotas, con humildad, con alegría, pero con fortaleza, decimos que juntos sacaremos adelante al país», dijo Correa durante su discurso por el triunfo del «Sí».
Igualmente, recordó el Mandatario ecuatoriano que no iban a permitir que se hubiera tratado de negar el derecho del pueblo a expresarse libremente en las urnas.
«Ojalá entiendan los actores políticos de este país que los conflictos políticos no los podemos resolver con trampas, sino en el marco constitucional, sobre todo, a través de las urnas», puntualizó.
Agregó también que todas esas maniobras para boicotear e impedir el derecho a sufragar del pueblo ecuatoriano, serán respondidas siempre por el Gobierno con más democracia como el día de hoy.
En este sentido, señaló el Presidente de la República «que en Ecuador el miedo quedó atrás y que, nuevamente, esa vieja táctica de las mafias de siempre llenar de miedo, de sembrar el terror y de crear la incertidumbre en el país ha fracasado. Ya el pueblo ecuatoriano no se deja engañar».
«Tengan ustedes la plena seguridad compatriotas que aquí hay un Gobierno, un presidente que lo único que quiere es ser instrumento de poder de los ciudadanos para sacar a la patria adelante», manifestó Correa.
Por otra parte, entre sus primeros anuncios, Correa informó que durante su Gobierno jamás permitirá la imposición de un modelo extranjero y ratificó que en estos próximos cuatro años mantendrá la dolarización.
Con respecto a la Asamblea Constituyente, señaló el Mandatario ecuatoriano que a través de ella se tendrá una democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa.
Asimismo, indicó que con ella se buscará un reordenamiento territorial a fin de descentralizar el Estado e ir adecuando sistemas de autonomías para la parte económica con el propósito de superar «ese nefasto modelo neoliberal que legalizó, porque jamás fue legitimado por el pueblo ecuatoriano, la Constitución de 1998».
«Compatriotas, un triunfo histórico se ha dado el día de hoy, pero todavía faltan muchas más batallas por ganar. Ahora a buscar los mejores hombres y mujeres de la patria para que nos representen en la Asamblea Constituyente y, asimismo, con la sabiduría que ha demostrado el pueblo ecuatoriano, diferenciar a los lobos que ahora se van a disfrazar de ovejas», advirtió el presidente Correa.
«Hoy ha triunfado ese infinito amor a la patria. Hoy, que la patria ya es de todos y de todas, no permitamos que nunca más nos la vuelvan a arrancar, hasta la victoria siempre compatriotas», finalizó Correa.
16 Abril 2007
¿Quién explica lo inexplicable?
Por Malú Kikuchi
"Pido a los Santos del Cielo
que ayuden mi pensamiento [.]
que refresquen mi memoria
y aclaren mi entendimiento"
Como Martín Fierro, necesito ayuda. La mayoría de los argentinos necesitamos ayuda. Se podría suponer que el resto del planeta Tierra necesita ayuda para explicar . lo inexplicable.
¡Cómo explicar que el Presidente de Venezuela, con permiso y anuencia del Presidente de Argentina, venga al país a hacer un show colorido, populista, demagógico y absolutamente agraviante .dedicado al Presidente de los EEUU, de visita en la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay! ¿Cómo explicarlo?
Según el diccionario, "explicar" significa: dar a conocer la causa o motivo de algo; llegar a comprender la razón de algo, darse cuenta. "Inexplicable" , quiere decir: que no se puede explicar. Lo que pasó en la cancha de Ferro, barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires, ¿República? Argentina, el viernes 9 de marzo 2007, es absolutamente INEXPLICABLE.
Las preguntas son muchas. No hay respuestas coherentes a esas preguntas. ¿Existe alguna razón para que el Presidente Argentino quiera insultar y agraviar al Presidente de los EEUU? La lógica dice que no, la historia, la política y la diplomacia más elemental, dicen que no, que no hay razones. Pero, si esa razón existiera, el Presidente Kirchner debería asumir el riesgo de hacerlo el mismo y no a través de otra persona con la que ni siquiera comparte la nacionalidad argentina. Inexplicable.
Si al Presidente Chávez no le alcanza su bolivariana Venezuela para insultar al Presidente de los Estados Unidos, ¿por qué elige a la Argentina como sucursal del agravio? ¿Por qué no lo hace desde México, o desde Perú, Colombia o Chile? Ha de ser porque los países serios, esos que no usan la seriedad como eslogan electoral (son serios en serio), no se lo permitirían. La Argentina se lo permite. Inexplicable.
¿La Argentina del Presidente Kirchner se lo permite porque Venezuela es el único comprador de bonos argentinos, (lo que le reditúa al Gobierno venezolano buenas ganancias)? Aclaremos que nuestro tan cacareado divorcio del FMI nos ha costado un carísimo casamiento con Chávez, que nos cobra intereses sensiblemente más altos que el Fondo. Inexplicable.
¿La Argentina del Presidente Kirchner le permite cualquier cosa al Presidente Chávez porque comparte su ideología del socialismo para el siglo XXI? No es fácil de aceptar cuando Kirchner declama su imperiosa necesidad de tener un fuerte empresariado autóctono, respeta las concesiones petroleras, aeroportuarias, camineras y todas aquellas donde los amigos estén bien representados.
Chávez es abiertamente antisemita, Kirchner no lo es. Chávez insulta a los EEUU mientras les vende el 60% de su petróleo, les compra el 30% de sus importaciones y siempre, en cualquier lugar, se aloja en el Sheraton de turno. No es el caso del Presidente Argentino. No tenemos, desgraciadamente tanto comercio con los EEUU y al parecer, Kirchner no tiene cadena de hoteles preferidos. Entonces, ¿por qué? Inexplicable.
Por la razón que fuera, la Argentina permitió que Chávez reuniera a toda la izquierda local, movimientos sociales, piqueteros, madres de Plaza de Mayo, algunos diputados (oficialistas) , músicos y cantantes progres, banderas argentinas con Evita y el Che (¿¿¿???), llevados "espontáneamente" con 436 micros, que llenaron el estadio de Ferro. Se vio por CNN. El planeta lo vio. Inexplicable.
La presentación del acto estuvo a cargo de "la madre" del Presidente Argentino, Hebe de Bonafini, que le agradeció efusivamente a su "hijo" el permitirles hacer el acto en libertad. Luego Chávez insultó a Bush.. Lo trató de cadáver político,- todo presidente americano lo es en la mitad de su segundo y último mandato-, e hizo una curiosa mezcla de Bolívar, Washington, el imperialismo, la pobreza, la dignidad, Kirchner, las crisis, todo rejuntado en un largo, largísimo discurso tropical, mechado de chistes para la platea. Todos lo vieron o por lo menos, todos se enteraron. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para la Argentina! Inexplicable.
Mientras Chávez, desde su atalaya argentino, agraviaba al Presidente de la más poderosa nación de la Tierra, de paso, insultaba a los presidentes de los países que estaban en el itinerario de visitas de Bush. Quedamos, gratuitamente y en un solo acto, mal con los EEUU, con Brasil y con el Uruguay. Inexplicable.
Dicen que el acto costó $600.000. ¿Quién los pagó? ¿Venezuela o Argentina? Los 300 militares venezolanos (¿tenían permiso de nuestro Congreso?) que llegaron a Buenos Aires con Chávez, ¿estaban a cargo de PDVSA, de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, del Gobierno de la Ciudad? Nadie aclara nada. Nadie pide explicaciones. Inexplicable.
El canciller Jorge Taiana se apresura a declarar que "el gobierno no tuvo nada que ver con el acto de Chávez en Ferro". No tuvo nada que ver, pero lo permitió. Permitió que la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo invitara al Presidente Venezolano para hacer un acto en contra del presidente de otro país que estaba de visita en un cuarto país. Si el gobierno "no tuvo nada que ver" no debió permitir que la visita de Chávez coincidiera con la de Bush a Brasil y a Uruguay. Una curiosa manera de no tener nada que ver. Inexplicable.
¿Qué ganó la Argentina con esta patoteada de cuarta y a cargo de un tercero, como si no nos diera el cuero para hacerla nosotros? Quizás ganó electores, dicen que somos el país más antiyanki del planeta, dicen que el 92% de los argentinos odian a los EEUU. Razón por la cual no se explica que la mayoría de los argentinos que emigran, lo hagan hacia Norteamérica (a riesgo de vivir indocumentados) y no hacia Cuba o Venezuela. Inexplicable.
¿Qué perdió la Argentina con las diatribas de Chávez en contra de Bush y de los países que lo recibieron? En lo material, probablemente, no pierda nada. Todo quedará como estaba, un poco más deteriorado, pero sin sanciones visibles. Sólo que, "lo esencial, es invisible a los ojos", decía el Principito de Saint Exupéry. Y aunque no se vea, el prestigio que alguna vez tuviera la Argentina, desapareció. Dejamos de ser creíbles. Dejamos de ser confiables. Perdimos toda noción de hidalguía. Somos irrelevantes. Nos desvanecemos inmersos en la vergüenza. Inexplicable.
Empezamos con el Martín Fierro, y para soñar que todavía somos argentinos, que a algunos todavía nos queda algo de la dignidad de la Argentina que fue y ya no es, recordemos que:
"si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar".
PD.: Llamado a la solidaridad; si alguien encuentra la vergüenza y el honor argentinos extraviados en Ferro el viernes pasado, se ruega devolverlos el 28/10/07 en las urnas. Será recompensado con una ¡REPUBLICA!
Gentileza en exclusiva de www.lacajadepandora online.com para NOTIAR
" Si los pueblo no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederàn a las antiguas, y despuès de vacilar algùn tiempo entre mil incertidumbres, serà tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranìa" ; Mariano Moreno
" Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” Artículo 2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
14 Marzo 2007
Venezuela impulsará nueva ofensiva diplomática
ABN 13/03/2007
Archivo, ABN.
Caracas, 13 Mar. ABN.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, giró instrucciones al canciller Nicolás Maduro para incrementar la capacidad mundial de ofensiva diplomática y bloquear con ello la campaña y matriz de opinión de ataque a Venezuela.
Así lo dijo este martes en el programa Aló, Presidente, número 274, transmitido por radio y televisión desde la Sala de Prensa Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores que Chávez retoma después de regresar de su recorrido de cinco días por Argentina, Bolivia, Nicaragua, Haití y Jamaica.
En este espacio Chávez le salió al paso a matrices de opinión que indican que él está arruinando la economía de Venezuela o violando los derechos humanos en el país.
En cuanto al primer aspecto, refirió que «ésta es una matriz de opinión que están tratando crear a punta de repetición de distintos escritores, analistas sesudos, acerca de que aquí están destrozando la economía».
«Vamos a recordarles a todos, al mundo y a todos los que nos oyen más allá de Venezuela, que ahora es cuando la economía venezolana, después de un siglo de inestabilidad, está creciendo a un ritmo como nunca antes se vio en toda la historia venezolana», dijo.
Agregó el Presidente que «ya tenemos cuatro años creciendo en los primeros lugares del mundo a un ritmo promedio de 11 % anual del Producto Interno Bruto (PIB). Sólo China nos supera», aseguró.
En cuanto a la política exterior indicó que «está colocada en la primera línea mundial. Requerimos incrementar nuestra capacidad mundial de ofensiva diplomática», enfatizó.
«Ésta tiene que ser una línea para todos nuestros embajadores, representantes y viajeros, y los diputados en los parlamentos internacionales», indicó.
Dirigiéndose al canciller Nicolás Maduro le dijo que «debemos hacer llegar materiales a nuestros aliados en Europa, porque también hay muchos escritores intelectuales que apoyan la Revolución bolivariana para contrarrestar este ataque de que aquí estamos destrozando la economía o violando los derechos humanos».
En cuanto a su recorrido por algunos países latinoamericana indicó que «causó mayor impacto de lo que esperábamos».
Dijo al respecto que muchos especulan «que nosotros hicimos una contra gira» (a la que hizo paralelamente el presidente norteamericano, George W. Bush).
«No, la nuestra fue la gira, una de las tantas que hemos hecho en nuestra América, hemos dado prioridad en la política exterior del Gobierno revolucionario, la consolidación de América Latina como un cuerpo político que es el proyecto de Bolívar», explicó.
Fue «una coincidencia con la gira del Presidente de Estados Unidos (…)», apuntó.
14 Marzo 2007
LAS REACCIONES DEL PRESIDENTE
De paranoias y bajos instintos
Claudia López. Columnista de EL TIEMPO.
El Presidente está a la defensiva. Dando palos de ciego, ve terroristas y guerrilleros por todas partes. Da la impresión de que siente que la 'parapolítica' es simplemente un complot en su contra. Dice sentirse solo. Parece no entender que mientras más intolerante, menos realista y más a la defensiva esté, más solo se sentirá.
La 'parapolítica' no es responsabilidad exclusiva suya ni de su gobierno, señor Presidente. Pero ¿ha caído en cuenta de que por desconocerla ha tomado, quizá, las decisiones más equivocadas de su vida política?
Para empezar ha decidido adoptar un estilo intolerante con discurso fascista, que bien puede dejarle a Carlos Castaño. Usted será un político de extrema derecha, pero no dudo de que es un demócrata, como para competir en estilo y discurso con un asesino recalcitrante que veía guerrilleros hasta en la sombra y salía a cazarlos creyendo hacer una gesta patriótica. Por esa vía creció el narcotráfico y se llegó al genocidio de la UP, a cientos de masacres y a miles de asesinatos. Supongo que usted no querrá ser el responsable de algo similar. Recuerde lo que aprendió en Harvard: duro con el problema y suave con las personas.
Ese es el segundo tema. El problema. Usted tiene el gran mérito de haber convencido a esta sociedad de que la guerrilla es un problema, no una solución. Eso lo llevó a su primera victoria y su posterior reelección. Pero el acierto de su segundo mandato y su papel histórico dependen de que se convenza y convenza a esta sociedad de que el paramilitarismo también es un problema.
Punto. Sin justificaciones. No se preocupe. No se nos va a olvidar que la guerrilla es un problema. Piénselo. Mientras más se estabilice la mejoría de los indicadores de seguridad, más legitimidad política necesitará la seguridad democrática para mantener la confianza.
Y valga decir que su evidente nerviosismo no ayuda a aquello de la legitimidad o la confianza. Su actitud inspira temor y muchas dudas. Los que tienen por qué estar alebrestados y a la defensiva son los criminales que puso presos en Itagüí y los políticos que seguirán desfilando por la Picota, no usted. Luce usted más preocupado en contener el escándalo y reaccionar a los hechos que ellos.
Con apenas unas cuantas verdades a medias y las primeras decisiones judiciales está en las que está, ¿de verdad cree que puede, o quiere, pasarse los tres años y medio que le quedan tapando el sol con un insulto diario o un golpe de opinión? ¿A qué horas va a construir el Estado comunitario si se la pasa en esas? ¿No lo deja pensando que su senadora más joven sí tenga tiempo de pensar en soluciones y usted no, y más bien tenga que salir a recogerlas como del ahogado el sombrero?
El paramilitarismo y la 'parapolítica' no son un complot en su contra. Son una realidad que atenta en general contra el país y en particular contra su legado político. Mientras más evidencias aparecen, más queda usted solo tratando de convencernos de que no hay problema, de que son apenas "unas manzanas podridas". Eso es inverosímil cuando las manzanas pululan, y cuando están casi todas en su canasta. Ahora que estamos indigestados no puede simplemente salir a golpear primero y lamentar la soledad después. Nos quejamos porque el malestar nos está matando. Y esperamos que usted, que salió a la plaza a decirnos que compráramos y nos comiéramos confiados esas manzanas (primero las mal llamadas Convivir, luego los Pedro Juanes y Rito Alejos, luego los 'parapolíticos' y los Nogueras, etc, etc.), nos ayude a curarnos. No que nos amenace o nos tape con la esperanza de que no se note la enfermedad.
El país necesita un Presidente que lidere las reformas institucionales que eviten que mafias armadas sigan intoxicándonos. Usted, señor Presidente, puede y debe ser parte de la solución. ¿Por qué escoge ser parte del problema?
27 Febrero 2007
Ni Gobierno ni Farc ceden frente a acuerdo humanitario; Presidente anuncia ofensiva militar
El presidente Álvaro Uribe anunció hoy en la base aérea de Catam que 'arreciará' su ofensiva contra las Farc.
Descubren plan de guerra de las Farc para los próximos cuatro años "Las Farc no es sincera, habla de acuerdo humanitario pero no lo facilita": Presidente Uribe (Presidencia) Ante un mediador enviado por el Presidente Uribe, la guerrilla insistió que sólo con el despeje de Pradera y Florida (Valle) liberará a los secuestrados. Uribe respondió que no desmilitarizará.
En respuesta a las declaraciones de Raúl Reyes en cuanto a que las Farc no reconocen en la figura de Uribe un interlocutor para el canje de secuestrados por guerrilleros presos, el Presidente indicó que "hay que arreciar contra los bandidos", de las Farc.
Así, anunció una nueva ofensiva contra la guerrilla, que insiste en el despeje de dos municipios del Valle para liberar a los secuestrados.
De esta forma, el Presidente responde al desafío de las Farc al señalar que Uribe es "hombre preso del delirio de rescatar a sangre y fuego los prisioneros en poder de las Farc,
por demás enemigo acérrimo del canje o acuerdo humanitario".
"Tenemos un propósito: Colombia sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico", dijo hoy Uribe para resaltar su propósito de combatir a los insurgentes.
El presidente hizo el anuncio en Catam minutos antes de partir para San Vicente del Caguán a un ejercicio de soberanía. Uribe viaja en compañía de congresistas y funcionarios del Gobierno que buscan frenar una ofensiva que la guerrilla ha emprendido contra una planta de leche de Nestlé en ese municipio.
Incredulidad y desesperanza entre familiares de secuestrados
Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt que cumple cinco años en poder de las Farc dijo a la AFP que no cree que Uribe hubiera mandado un emisario para hablar con ese grupo sobre el canje.
"No le creo a Uribe que mandó un emisario. Yo ya no le creo nada", puntualizó.
Según el mandatario, un emisario que no identificó, se reunió con las Farc en las selvas del sur del país y el grupo insurgente le dijo que no está interesado en pactar el canje con su gobierno porque "es ilegítimo y paramilitar".
"Autorizamos una gestión de buena voluntad y lo que hemos recibido es una amenaza. Por lo tanto la reacción del Gobierno es (…) arreciar para derrotarlos y pedimos más comprensión, al pueblo colombiano", añadió Uribe.
Por su parte, Angela Giraldo, vocera de los diputados locales del departamento del Valle del Cauca (suroeste) que hacen parte del grupo de rehenes canjeables, se declaró "frustrada" por el anuncio del presidente.
"Lo que siento es una frustración total porque no es la reacción que estamos esperando. Lo que se trata es de salvar vidas humanas", declaró a la AFP, tras calificar como "deshumanizada" la reacción de Uribe.
Aunque Giraldo reconoce que son las Farc las autoras de los secuestros, consideró que el presidente tiene "la obligación constitucional de preservar la vida de los rehenes".
Claudia Rujeles, esposa del ex gobernador del departamento del Meta (centro), Alan Jara, también en poder de las Farc, dijo a la AFP que si bien la posición de las Farc es "muy fuerte" e "intransigente", invitó a Uribe a que "venza los obstáculos" para llegar al canje.
"Estoy muy desconcertada y con una enorme tristeza porque lo que esperábamos era escuchar que va a haber acuerdo humanitario", agregó.
23 Febrero 2007
En un interesante artículo publicado por Antonio Navarro Wolf en el periódico bogotano El Tiempo se hacen algunas reflexiones interesantes sobre la grave crisis social y económica que padece el país desde hace décadas, pese al triunfalismo y optimismo que exhibe el presidente Alvaro Uribe. Aún más: Navarro Wolf liga los problemas de la distribución de la riqueza, que genera desigualdad social y exclusión, a la violencia política que asola (y destruye) este país con infinitos recursos, buenas elites sociales y culturales y un importante potencial para desarrollar un proyecto de futuro, en donde puedan participar todos los colombianos.
Según Navarro Wolf, uno de los principales problemas que padece Colombia es la distribución de la tierra, ya que tan sólo 13.000 personas eran dueñas de 22 millones de hectáreas, mientras que millones de campesinos viven en condiciones ínfimas y paupérrimas, abocados a una vida sin ninguna esperanza, ajenos a la salud, la educación y los servicios sociales. “La necesaria democratización de la tierra rural, la que podemos llamar reforma rural, para no llamarla reforma agraria, era una necesidad inaplazable que no se iba a producir en un gobierno como el del doctor Uribe, porque su familia –y podía haber agregado que el mismo- era de finqueros, de dueños de tierra”, agregaba el articulista y conocido dirigente de izquierdas.
El asunto no es baladí, pues la extrema pobreza de este inmenso país se encuentra precisamente en el campo y es en las zonas rurales donde menos se nota la presencia del Estado colombiano. La democratización de la propiedad de la tierra, para evitar la marginación y la exclusión de los campesinos, es un asunto capital en la agenda de modernización política, social y económica que tanto echa en falta Colombia. La ausencia del Estado y sus servicios es palpable a primera vista nada más salir de Bogotá.
“Nuestro conflicto interno es histórico y rural. Histórico, porque empezó a finales de los años 40 por la virulencia del enfrentamiento político, que después se volvió armado, entre liberales y conservadores. Rural, porque es en el mundo rural donde está su centro de gravedad estratégico. Y como es un conflicto político-militar, la política en el terreno con la población más próxima a él, es clave en la búsqueda de la solución”, seguía señalando Navarro Wolf.
Y es que, en Colombia, las estadísticas no mienten: Según datos oficiales, el 49,2% de los colombianos son pobres, más de veintidós millones, y el 30% de dicho colectivo son indigentes. En el campo, además, la situación empeoró y la pobreza se elevó hasta casi el 70% de la población. Millones de colombianos no tienen asistencia social ni sanitaria y la población infantil y anciana son los dos colectivos que más sufren esta ausencia del Estado, ya señalada antes, en casi todo el país. Esta es la cruda realidad del uribismo, por mucho que el máximo líder maquille estas cifras y publicite datos macroeconómicos ajenos a una sociedad machacada y con escasas expectativas; millones de colombianos ya han votados con los pies y se han marchado a España, Estados Unidos e incluso Ecuador, donde reside medio millón de ciudadanos que han huido de la violencia y el desempleo, por no decir el hambre.
Así las cosas, los campesinos que todavía quedan en Colombia no sienten, como es lógico, ninguna simpatía por el Estado y constituyen la lógica y recurrente base social de las diversas guerrillas, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo insurgente más antiguo de toda América Latina. Tan sólo con políticas que favorezcan un mejor reparto de la tierra, en definitiva de la riqueza del país, y la plena integración de esta masa social excluida se podrá conjurar el peligro que encierra la trampa del fácil recurso de la vía armada.
Esta reforma de la tierra, que se ha dilatado desde finales de los años 40, cuando los liberales abrazaban un discurso menos conformista al que actualmente suscriben tras haber probado las hieles del poder, es absolutamente necesaria para consolidar el sistema democrático colombiano y generar prosperidad y bienestar para todos, bases sobre las que construir la legitimidad y credibilidad de las instituciones. En definitiva, cimentar un Estado de Derecho, democrático y social, en donde todos los ciudadanos se sientan representados y reflejados en sus políticas. “La democracia rural es clave. En Colombia hay tierra para todos. Lo que falta es gobierno para todos”, resume y concluye de forma sintética Navarro Wolf.
10 Febrero 2007
La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido que las parejas gays están protegidas también por la Constitución, en un hecho histórico no ya sólo para este país, sino para todo el continente latinoamericano. El fallo de esta máxima instancia constitucional establece que el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos miembros de la pareja, si llevan al menos dos años de convivencia. Hasta este momento, si uno de los miembros de la pareja moría, los bienes pasaban a la familia del que fallecía.
Las reacciones en Colombia, pese a que el fallo sólo contó con un voto en contra dentro de un órgano tradicionalmente conservador, no se han hecho esperar: los colectivos gays y de derechos humanos celebraron la decisión y la Iglesia católica, junto con otros estamentos conservadores, consideraron la medida como “muy grave”, pues causará “serios problemas a las finanzas y a la estabilidad moral del país”. Algunos llevamos esperando veinte centurias a que la Iglesia reconozca los derechos de los gays y lesbianas, y ya estamos hartos de su brutal intolerancia.
“El fallo parte la historia. Es la primera vez que se reconocen los derechos y se da un paso a la igualdad. Estamos hablando de que las leyes no son suficientes. Es un paso, pero sigue habiendo discriminación en el país”, resumía muy acertadamente Marcela Sánchez, de la plataforma Colombia Diversa, al diario bogotano El Tiempo. En el polo opuesto, y en declaraciones al mismo medio, Aurelio Cadavid, del Consejo Pontificio para los Laicos, criticaba duramente la medida: “Es contrario a la familia y al matrimonio. Se abre la compuerta para que ellos puedan adoptar niños. Los magistrados se han convertido en unos pervetidores de la niñez y la juventud”.
Al margen de estas consideraciones, algunas realmente deplorables, Colombia ha dado un paso importantísimo en la equiparación de los derechos de los gays y lesbianas con respecto a las parejas heterosexuales. Según Colombia Diversa, hay más de tres millones de gays y lesbianas en este país y se abre un camino para la plena integración de este colectivo en la sociedad; se ha dado un significativo avance, pero tendrán que cambiarse más leyes y generar un proceso de cambio en una sociedad homofóbica y conservadora.
Este cambio, por ejemplo, no significa que se haya avanzado hacia el matrimonio de gays y lesbianas, nada de eso, sino que equipara a estas parejas en cuanto una serie de derechos fundamentales sin dar forma jurídica, todavía, a su unión. Sin embargo, ya hay una serie de proyectos legislativos en marcha para forma legal a estas uniones y equipararlas en otros aspectos, como en el establecimiento de la seguridad social para las parejas gays. El autor de este proyecto, el senador Alvaro Araújo, que se mostró muy contento con el fallo de la alta instancia constitucional, aseguraba al conocer la noticia que “la medida ratifica el compromiso constitucional de nuestra Nación, algo que nosotros también pretendemos por la vía legislativa”.
En cualquier caso, al margen de las consideraciones que se puedan hacer sobre la medida, nos encontramos en un buen momento político en la sociedad colombiana para avanzar más en los derechos de los gays y lesbianas, algo impensable hace apenas unos años. Es más que seguro que está corriente positiva tendrá su influencia en el resto del continente, donde países como Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua están a la cabeza del “equipo” homofóbico del continente. Lo ocurrido en Colombia tendrá sus lecturas en el resto de América Latina.
8 Febrero 2007
Las noticias que nos llegan desde Venezuela son, cuando menos, alarmantes. El presidente Hugo Chávez ha conseguido que la sesión plenaria de la Asamblea Nacional venezolana apruebe que le sea otorgada, por tercera vez, una nueva Ley Habilitante, por la que podrá sacar adelante todos aquellos decretos-Ley que desee sin necesidad de consultar a nadie y así “transformar” el país. Ya lo ha hecho otras dos veces y el presidente venezolano aprovechó ambas ocasiones para sacar adelante más de un centenar de controvertidos decretos sin apenas discusión ni oposición aparente. Además, dados los crasos errores cometidos en el pasado y ciertas tentaciones golpistas, la oposición antichavista está claramente deslegitimada, simplemente fuera de juego.
Sin contar con un legislativo que controla con una sólida mayoría y sólo con la oposición de algunos medios de comunicación, que ya han sido amedrentados e incluso amenazados con un posible cierre, Chávez lo tiene relativamente fácil para imponer su programa socialista y “revolucionario” a la depauperada sociedad venezolana. Tal como ha anunciado el máximo dirigente de la revolución bolivariana, las reformas que pretende llevar a cabo en los próximos 18 meses, que es lo que dura la Ley Habilitante, afectarán a la estructura económica del país, con un programa de amplias nacionalizaciones e intervenciones del Estado en la economía; la reforma de las instituciones políticas, reordenando el territorio; y creando nuevos fondos sociales para sacar a Venezuela del difícil momento que pasa. La riqueza del petróleo, según señalan muchos analistas económicos en Caracas, no se perciben en la sociedad y tan sólo han permitido el rearme del país y el desarrollo de los faraónicos, pero ineficaces, programas sociales de Chávez.
Para el jurista venezolano José Luis Tamayo, en declaraciones al periódico colombiano Tiempo, la amplitud de las habilitantes otorgadas a Chávez son “contraproducentes por excesivas”. Desde el punto de vista jurídico, sigue señalando esta misma fuente, “por esta vía rápida no se pueden dictar leyes que establezcan delitos y penas, pues toda ley que establece penas debe ser una ley formal, que pase por todo el procedimiento de discusión y aprobación”. Es decir, que políticamente se abre el camino de facto casi hacia una dictadura, o al menos hacia un régimen autoritario, “pues no puede un pequeño grupo de hombres legislar sobre todos los tópicos de la vida nacional, eso es prácticamente dictatorial. La Asamblea Nacional queda como un cascarón vacío”.
Resumiendo, nos encontramos en un momento crucial del mandato de Chávez, en ese punto que una vez señaló muy acertadamente el escritor Gabriel García Marquez, cuando aseguraba, tras hablar con él: “De repente comprendí que estuve platicando a gusto con dos hombres muy distintos en una persona. Uno, a que el destino dio la posibilidad de salvar a su país, y otro, que es un ilusionado capaz de entrar en la Historia como un déspota”. ¿Cuál de los Chávez triunfará en este nuevo mandato? ¿Qué destino le deparará a uno de los presidentes que ha gozado de las cotas de apoyo popular más altas no ya de Venezuela, sino de todo el continente?
Los inmensos retos y desafíos que tiene por delante Venezuela, inmersa en un proceso de modernización social, política y económica, ponen en duda que viejas fórmulas ya fracasadas puedan ser la punta de lanza de todo un programa para situar a este país en el siglo XXI y contribuir a resolver un cuadro tan complejo como el que presenta esta nación. Hasta ahora éramos muchos los que pensábamos que el populismo, el autoritarismo y una cierta forma de hacer política cercana al caudillismo eran vías muertas para hacer frente a los verdaderos problemas de América Latina. Pero ya he dicho que hasta ahora, hasta que ha llegado Hugo Chávez y con su peculiar régimen ha removido las aguas de la política tradicional latinoamericana, desde Nicaragua hasta Ecuador pasando por Bolivia y sacando a Cuba de su aislamiento secular. Veremos qué pasa en los próximos meses, serán cruciales para todos, pero sobre todo para los venezolanos.
1 Febrero 2007
LOS GRANDES DESAFÍOS DE COLOMBIA ANTE EL SEGUNDO MANDATO DE ALVARO URIBE
RICARDO ANGOSO, 2006.
Introducción
Pese al triunfalismo que exhibe el presidente colombiano, Albaro Uribe, al comienzo de su nuevo mandato conviene recordar que la situación ni es tan positiva como pretenden hacernos creer sus partidarios, algunos incluso desde el exterior, ni la supuesta seguridad que ha logrado el uribismo tampoco parece haber dados los suficientes réditos en materia social. La situación deja mucho que desear y son millones los colombianos excluidos, tanto políticamente como socialmente.
El presidente tampoco ha logrado la paz con las sempiternas guerrillas locales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino que el proceso de paz se halla en punto muerto y no parece que al día de hoy, en vista de las últimas acciones armadas, estemos ante el comienzo de un nuevo escenario político. Las espadas siguen bien en alto y las FARC y los paramilitares continúan matando, implicando al Estado en una guerra de desgaste que genera inmensos costes económicos y “daños colaterales”, es decir, la reiterada violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales y el ejército.
La cruda realidad económica contra el presidente Uribe
En lo económico, pese al tenue crecimiento de Colombia, el desempleo ha bajado, desde el 16% hasta el 12% y la inflación ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, pero sigue siendo muy alta para un país con indicadores de pobreza por encima del 50% de la población y que golpea siempre a los más desfavorecidos. El Producto Interior Bruto (PIB), según datos de las organizaciones sindicales, ha mostrado una tímida tendencia al alza en los últimos años, pero siempre por debajo del alto desarrollo que tuvo Colombia a mediados de la década de los 90. Es decir, que el conjunto da para un aprobado raspado y la economía colombiana no muestra ni el vigor ni la capacidad que tienen otras economías de su entorno, como los casos de Argentina, Chile y Uruguay. E incluso Brasil, todas ellas por encima de Colombia.
No obstante, todos estos elementos, a priori relativamente positivos como cuadro macroeconómico, no han redundado en un mejor reparto de la riqueza y en la generación de mayores recursos para resolver los graves problemas sociales que tiene Colombia. Según datos oficiales, el 49,2% de los colombianos son pobres, más de veintidós millones, y el 30% de dicho colectivo son indigentes. En el campo, además, la situación empeoró y la pobreza se elevó hasta casi el 70% de la población. Millones de colombianos no tienen asistencia social ni sanitaria y la población infantil y anciana son los dos colectivos que más sufren esta ausencia del Estado en casi todo el país.
Otras fuentes, como la Comisión Económica para América Latina, elevan la población pobre de Colombia hasta los veinticuatro millones y la de indigentes, es decir, en la miseria, hasta los nueve, aunque el Gobierno se niega a aceptar estas cifras y prefiere las suyas maquilladas previamente. La Controlaría General de la República llega a elevar la cifra de indigentes hasta los once millones y el Banco Mundial consideraba que el número de ciudadanos en condiciones “muy difíciles” llegaba al 75%, mientras que el 0,2% de la población posee el 50% de las tierras productivas. Y el 10% de la población del país posee cerca del 46,5% de los ingresos totales contabilizados. Un desequilibrio social y económico, dicho de una forma sucinta, brutal.
Los últimos datos, publicados tras su reelección, tampoco caminan en la mejor de las direcciones: el desempleo vuelve a repuntar, unas décimas por encima del doce por ciento, y la confianza del consumidor cayó de 34,3% a 29,8%. Malos indicadores para el comienzo de una legislatura y que auguran un periodo difícil.
Luego está la alianza estratégica, en sus vertientes económica, política y militar, que el presidente Uribe ha tejido con los Estados Unidos. La no firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington, que ha sido un sonoro fracaso del ex presidente y ex embajador Andrés Pastrana, que nuevamente vuelve a mostrar su congénita ineficacia para casi todo, deja a Colombia aislada, ante la izquierdización de sus vecinos, y más dependiente todavía, si cabe, de las generosas ayudas que hasta ahora le han dado los Estados Unidos. Sin embargo, se espera que la ayuda militar se reduzca en los próximos ejercicios y el presidente Uribe ya ha anunciado nuevas subidas de impuestos, lo que ha generado algunas protestas en un país depauperado y machacado tras años de férreas políticas neoliberales y duros ajustes que han sufrido estoicamente las clases bajas y medias. Se trata de la tercera reforma fiscal que inspira Uribe, lo que muestra la inexistencia de un proyecto y el carácter táctico y no estratégico de su gobierno.
El presidente ya anunciado que uno de los ejes básicos de este mandato va a ser la lucha contra la pobreza, que falta hace, aunque sus alianzas con aquellos que han dirigido las duras políticas económicas de los últimos años no hacen presagiar nada bueno y es de temer que el continuismo, puesto de manifiesto en sus primeras medias, sea la línea maestra de este segundo mandato, pese a que la situación puede llegar a ser explosiva y no se deben descartar conflictos sociales. La pobreza debe ser el principal problema que debe ser afrontado, pues los mejores hombres y mujeres de Colombia tienen que emigrar para alimentar a sus familia, y la miseria se extiende como la cólera por las ciudades colombianas. Ya hay más de un millón de colombianos trabajando fuera de su país y enviando importantes remesas monetarias a sus familias.
El problema de la violencia
Uribe ha buscado en los últimos años tan sólo una solución militar al problema de la violencia política, olvidando que muchas veces la lucha armada tiene implicaciones y raíces sociales. Ha derrochado inmensos recursos del Estado en el ejército y nadie sabe a ciencia cierta, debido a las numerosas instituciones encargadas de la “lucha antiterrorista” y a los gastos encubiertos, cuánto gasta realmente en materia de seguridad y defensa el país, sin incluir aquí a la generosa ayuda recibida de los Estados Unidos en el último mandato. Recientemente, en una entrevista a la CNN, Uribe siguió empeñado en defender su fracasada política y renunció al uso de la política para resolver el largo conflicto colombiano.
Tan sólo ha habido algunos intentos, tenues titubeos, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estando actualmente las negociaciones en un peligroso punto muerto y sin que haya cerrado todavía este anacrónico capítulo guerrillero en la historia de América Latina. El negociador principal de la guerrilla, el ex guerrillero Antonio García, acusó al Gobierno colombiano de “intransigencia” y aseguró que el proceso con su grupo no terminara con un desarme o una desmovilización al estilo de la que se vivió con el desaparecido M 19. Este negociador también criticó, al igual que otras ONG,s locales e internacionales, el actual proceso impulsado por la Ley de Justicia y Paz que ha permitido la reintegración de los paramilitares en la vida civil colombiana, toda vez que les ha garantizado la impunidad, sortear en muchos casos la acción de la justicia y responder ante la sociedad por sus crímenes.
Son muchos los que piensan que la guerrilla, en caso de reinsertarse por la vía política, sufra un exterminio similar al padecido por la diezmada Unión Patriótica (UP) –heredera moral y política del M-19- en la década de los 90, cuando aquellos abandonaron la vida política y comenzaron a ocupar responsabilidades como alcaldes, concejales e incluso diputados fueron asesinados impunemente y expulsados de la vida política para siempre. Más de mil doscientos cargos públicos, militantes e incluso simpatizantes murieron a manos de sicarios pagados por sus adversarios políticos, paramilitares e incluso fuerzas “paralelas” del ejército y la policía que actúan en connivencia con los grupos anteriores. Los familiares de estas víctimas, también amenazadas y atacadas, siguen esperando una justicia que no llega y que tampoco parecen esperar del presidente Uribe.
Este estado de cosas, de cierto triunfo del terrorismo de Estado y de la impunidad en su forma más primaria, condiciona las probables negociaciones futuras con la guerrilla, tanto con el ELN como con las FARC. Sin embargo, que nadie se engañe: el presidente Uribe tampoco tiene una inequívoca voluntad de negociar con las diversas guerrillas y resolver políticamente el largo conflicto colombiano, que, recordémoslo, hunde sus raíces en las décadas de los cuarenta y los cincuenta ante la exclusión social y política de una importante parte de la población colombiana. Las causas de aquella violencia, que luego degeneró en formas brutales e injustificadas acciones terroristas, siguen presentes en la sociedad colombiana y mientras no se reduzca la exclusión social, que tiene causas económicas y políticas, esta cultura pervivirá durante algún tiempo.
No se ha abierto un auténtico diálogo con las fuerzas guerrilleras, que cada vez tienen más conexiones con el narcotráfico y se han consolidado en las regiones donde actúan, y tampoco se ha tratado de buscar un amplio consenso con todos los partidos políticos y actores implicados acerca de la mejor forma de afrontar el problema de la violencia endémica en este país.
Con respecto a la participación política, conviene recordar que la legitimidad democrática del régimen político colombiano es más bien baja. Los ciudadanos participan escasamente en las consultas, no todos los actores políticos tienen las mismas posibilidades de participar en las urnas y existe una reiterada y denunciada práctica de comprar votos en las zonas rurales y menos ilustradas, tal como todo el mundo conoce y es denunciado por la izquierda política colombiana. En las últimas elecciones, por ejemplo, la abstención llegó al 60%, pese a que el resultado fue considerado un éxito por el presidente Uribe dados los precedentes anteriores.
Por último, hay que señalar que la violencia en Colombia ha generado miles de víctimas, desplazados y ciudadanos expulsados de sus áreas de residencia y aldeas, habiendo perdido casi todas sus propiedades y viviendas. Según la ONG Codhes, especializada en este problema y actuando en Colombia, hay casi cuatro millones de colombianos de desplazados en el país, una cifra que duplica a la ofrecida por la Oficina de Acción Social de la Presidencia, y que sitúa al país por encima de Irak, con 1,6 millones, e incluso Afganistán, si nos atenemos a los datos que ofrece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Esta masa social, que constituye los núcleos más paupérrimos y miserables formados alrededor de las grandes ciudades, espera que con el final de la violencia sean resarcidos y que de alguna forma se les haga justicia. Presa fácil del subempleo, las bandas criminales y la delincuencia común, junto con otras lacras, constituyen un sector social excluido de la vida política y económica colombiana, una parte de la población sin esperanza y que no ha recibido todavía la necesaria atención de un Estado precario, mal organizado y escasamente solidario con los que menos tienen.
Otras grandes perjudicados de esta larga guerra, que hunde sus raíces en el fracaso de la política tradicional por integrar a todos los sectores sociales y políticos colombianos en el sistema en las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, son las víctimas de las minas; unas 4.831 personas, según datos oficiales, han sufrido la amputación de algunos de sus miembros, la muerte o heridas graves a causa de estos artefactos explosivos. Por último, en lo que respecta a los secuestros políticos, porque comunes la cifra sería incontable, un cómputo fiable elevaría a los seiscientos el número total, entre los que destaca la conocida ciudadana francesa y crítica del sistema político colombiano Ingrid Betancourt. Según algunos avezados analistas locales, el Estado colombiano, con Uribe al frente, no tienen ni el más mínimo interés en resolver la suerte de estos secuestrados, algunos, como el caso de Betancourt, muy incómodos para el poder oficial.
Derechos Humanos, asignatura pendiente
En lo que respecta a la situación de los Derechos Humanos, el presidente Uribe, que se ha esforzado en su último mandato por integrar a los paramilitares en la vida civil colombiana, tampoco debería lanzar las campanas al vuelo y presentar como “exitosa” su gestión. La denominada política de “seguridad democrática” ha provocado en los últimos años numerosas detenciones arbitrarias, un sinfín de denuncias por asesinatos y torturas y una situación de cierta indefensión por parte de los ciudadanos, que ya ha sido denunciada por Human Rights Watch y por algunos eurodiputados que así se lo hicieron saber al mandatario colombiano cuando visitó el Parlamento Europeo. También los sindicatos colombianos han denunciado cientos de asesinatos en los últimos años, encarcelamientos ilegales y amenazas a cuadros y dirigentes sindicales en el ejercicio de sus funciones.
El aspecto más controvertido del mandato de Uribe ha sido la ya citada Ley de Justicia y Paz, que ha permitido el desarme de algunos paramilitares –otros siguen en armas o actúan en la sombra-, y la supuesta reintegración de estos grupos a la vida civil. Sin embargo, la ya citada Human Rights Watch ha llegado a objetar que tal medida legislativa tan sólo encubre una forma de amnistía de los autores de numerosos crímenes, desapariciones y delitos comunes, como la apropiación de bienes y propiedades de los campesinos y sus familiares que eran obligados a desalojar los pueblos y aldeas donde operaban.
Las medidas de “gracia” apoyadas para los paramilitares son excesivas y limitan la acción de la justicia, creando una suerte de estatuto especial para los miembros de estas unidades y sus máximos dirigentes. Resulta bastante sospechosa la benignidad con que actúa el Estado colombiano con los ex paramilitares y la terrible dureza, más allá de la dialéctica, del presidente Uribe hacia la guerrilla, habiendo cerrando en numerosas ocasiones la posibilidad de un diálogo franco, sincero y abierto con las FARC.
Estos elevados “costes” en materia de Derechos Humanos, como suele suceder, no han tenido una traducción simultánea en lograr más avances en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. El mismísimo diario norteamericano The New York Times ha llegado a considerar recientemente el Plan Colombia como “fracaso” y escaso de resultados sobre el terreno. De la misma forma, el último informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, de la Casa Blanca, publicado en plena campaña para la reelección de Uribe, reveló que en el 2005 fueron descubiertas tan sólo 39.000 hectáreas nuevas de coca en el país. Este hallazgo dejaba a Colombia en el mismo nivel de cultivos de coca del 2002, al comienzo del Plan Colombia. La efectividad del Plan, pese al exultante optimismo que muestra el presidente colombiano, ha quedado claramente en entredicho.
Finalmente, aparte de las 60.000 víctimas del conflicto, hay que reseñar los millones de desplazados, los casi 40.000 refugiados en los países vecinos y los 11.000 niños soldados obligados a enrolarse en las diversas guerrillas y en las FARC-EP.
La lucha contra la corrupción y la modernización del Estado
Son ya dos los mandatos en los que Uribe ha anunciado que una de sus prioridades será la lucha contra la corrupción y la modernización de la administración pública colombiana, tan necesitada de medios, dinero y credibilidad. Sin embargo, las “minas” no dejan de estallarle al presidente Uribe y, como si fuera una maldición, después de su toma posesión se han sucedido dos grandes escándalos: “el de las notarías”, como es conocido popularmente, y el de los militares.
El escándalo de la Superitendencia de Notaría y Registro ha llegado a los círculos más cercanos del presidente Uribe, pues ni más que menos que uno de sus mejores amigos y aliados, el superintendente Manuel Cuello Baute, se ha visto implicado en el asunto del cobro de comisiones y “coimas” (mordidas ilegales) a notarios que habían sido sancionados y expedientados. Al parecer, parte de este dinero sirvió incluso para financiar a diputados uribistas, entre los que destaca, por su peso específico, Alfredo Cuello Baute, hermano del superintendente y presidente de la Cámara legislativa colombiana, lo cual muestras a las claras hasta que niveles ha llegado la corrupción durante la larga era de Uribe.
Luego está el asunto de los oficiales del ejército implicados en la colocación de bombas en la capital colombiana, Bógota, el pasado verano. Al parecer, dos oficiales con fuertes relaciones con la inteligencia e implicados en la lucha contra la insurgencia colocaron varios explosivos en la capital del país con el fin de conseguir más poderes, medios y un rápido ascenso. El episodio, todavía no aclarado y sobre el que se ciernen las más negras sospechas, ha sido cerrado en falso por Uribe, que asegura que no hay “pruebas” y que debe ser investigado, pese a las decenas de evidencias. El presidente, como todo autócrata, ha denunciado una campaña mediática en su contra y ha negado tajantemente algunas confesiones truculentas de los principales testigos. El presidente, en su estilo habitual, ha cerrado filas defendiendo al ejército y no ha querido llegar hasta el fondo del asunto, taponando una brecha que seguramente le estallará durante este mandato y no queriendo afrontar la necesaria reforma de unas fuerzas armadas que siguen ancladas en la Doctrina de Seguridad Nacional y en el fracaso Plan Colombia auspiciado por los Estados Unidos, que no ha conseguido ni llevar la seguridad al territorio nacional ni acabar con la larga guerra que vive este país desde hace décadas.
El mismo periódico bogotano Tiempo, por lo general cercano a los círculos de asesores de Uribe y bien informado, aseguraba que había muchos puntos que investigar sobre las conexiones entre algunos militares y los falsos atentados, que tenían como finalidad lograr un mayor peso del ejército en la política colombiana y la promoción personal de algunos miembros de las unidades que, paradójicamente, persiguen al terrorismo. La cúpula militar, más diplomática y hábil que Uribe, se ha negado a secundar la numantina defensa del presidente Uribe y espera que las investigaciones culminen.
Son ya muchos los militares, policías y servidores del Estados los que han sido descubiertos abiertamente en reuniones formales e informales con grupos criminales y delictivos, como han revelado algunos líderes paramilitares que fueron avisados previamente de que iban a ser detenidos y, probablemente, extraditados a Estados Unidos. No se trata de una serie de escándalos inconexos y sin relación alguna entre sí, sino que son cascada de hechos y sucesos de una gravedad que tan sólo la huida hacia delante de Uribe le han llevado a minimizar, e incluso negar, lo que eran algo más que una simples “evidencias” que afectaban a la credibilidad y al honor de las instituciones y las fuerzas armadas.
Hay otros escándalos “menores”, como la entrega de injustificados beneficios judiciales a narcotraficantes conocidos y perseguidos, como “el Tuso” y “los mellizos”, todavía no suficientemente explicados y que muestran la conexión cada vez más clara entre algunos estamentos judiciales y el crimen organizado. Tanto paramilitares como narcotraficantes se han beneficiado en los últimos años de numerosas medidas de gracia y de la ineficacia de una justicia incapaz de poner coto a la impunidad reinante, sin que ello haya sido motivo de preocupación para Uribe, cuya única obsesión parece la lucha contra una guerrilla que dice haber vencido ya y que está en sus “últimos estertores”.
Resumiendo: el presidente Uribe había hecho bandera de la lucha contra la corrupción y la modernización del Estado al comienzo de su primer mandato, pero los duros hechos corroboran de que las principales bases de la administración del Estado, comenzando por el ejército, la policía y los servicios secretos, están minados y necesitados de cambios urgentes, por lo menos de caras. No es posible que el presidente Uribe, que ha sido el paraguas protector de numerosos escándalos y crímenes del ejército –hay procesados ocho militares por el asesinato de falsos militantes de la FARC a los que antes torturaron brutalmente-, siga escudándose en que son “hechos aislados” y en negar todas las pruebas, cuando la cruda realidad de los tozudos hechos se empeña en desmentirle una y otra vez. La gran cuestión estriba en saber en quién es rehén de quién, si Uribe de estas fuerzas armadas servidoras de los intereses de la oligarquía nacional o viceversa.
Uribe II no anuncia cambios ni grandes reformas
Ahora, sin embargo, con una sólida mayoría absoluta conseguida porque la sociedad colombiana prefirió la actual seguridad al crecimiento económico y al desarrollo social, Uribe tiene la posibilidad de abrir un gran diálogo nacional, de enfrentarse a los problemas sociales y estructurales que tiene la economía colombiana y de modernizar una obsoleta y vetusta administración. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Tiene voluntad real de hacerlo Uribe? En sus primeros discursos ya ha dicho que la pobreza está en el centro de su programa y parece dispuesto a buscar una estrategia política que permita poner fin a la violencia en Colombia, primer problema del país y principal escollo para su crecimiento económico. Está por ver.
Por ahora, la falta de cohesión del movimiento que le apoya podría lastrarle en este segundo mandato, tal como se ha reflejado en estas primeras semanas, y los problemas no han hecho más que comenzar. No olvidemos que el presidente Uribe no cuenta con un partido como apoyo, sino que la alianza que le sostiene y le apoya es una amalgama de grupos conservadores, ex liberales, notables y conocidos oportunistas e “independientes” ligados a la oligarquía social y económica del país.
Como explicaba el profesor y ex candidato presidencia opositor Carlos Garviria, “los grupos que lo apoyan (a Uribe) no constituyen un partido sino sectores políticos o coyunturales que sólo disputan cargos burocráticos; me choca mucho utilizar el término pero así es: van a “encarecer” su apoyo a las iniciativas de gobierno, de modo que es evidente que la gobernabilidad para Uribe va a ser mucho más difícil. No sabría pronosticar cuánta va a ser la duración de estos movimientos, pero lo que sí podría asegurar es que serán efímeros porque no tienen un proyecto de país. Lo que han hecho hasta ahora es apoyar al gobierno en busca de representación burocrática”.
Los últimos años del uribismo han revelado que el presidente, como el general de García Marquez, vive en su laberinto, presa de una inercia del pasado que no le permite abrazar fórmulas renovadoras e innovadoras y rehén de una oligarquía que no percibe al país como un proyecto nacional e integrador, sino como una gran “finca” de la cual pueden extraer sus pingues beneficios sin contar con la mayoría social excluida.
Además, Uribe se ha instalado desde su llegada al poder tras su reelección como un equilibrista que trata de hacer compatible los diversos intereses del heterogéneo grupo que lo apoya y los intereses nacionales, algo que no siempre es fácil y suele producir colisiones, como las que ya ha habido. El clientelismo, la corrupción en los más altos estamentos y la inercia del pasado, que viene caracterizado por la miseria generalizada del país y la falta de un ímpetu reformista a las primeras medidas de este gobierno, son los principales rasgos de este segundo mandato que se inicia ahora.
“Lo que aparece es un segundo gobierno preso de la politiquería y dedicado a devolver factores con tal de asegurar una frágil gobernabilidad, como lo ha demostrado el insolente comportamiento de sus bancadas. Ya no se trata de meritocracia, sino de favoritismo, sacrificando muy buenos funcionarios. Esto explica la sorpresiva designación de políticos profesionales en posiciones que exigen conocimientos técnicos y experticia, como la presidencia del Banco Agrario, la Superintentendencia de Salud, la Dirección de Estupefacientes o el Bienestar Familiar, para mencionar sólo algunos de los casos más notorios”, aseguraba un editorialista del periódico Tiempo recientemente.
Uribe tendrá que decidir si pasa a la historia como un reformista, en un país tan necesitado de cambios y grandes transformaciones a todos los niveles, o como un presidente más en la larga lista de mandatarios fracasados en la historia de Colombia. Desde luego el nuevo mandato se abre bajo el manto de la incertidumbre, y las primeras medidas quedan muy lejos del espíritu de la campaña electoral. Uribe, que en un principio se presentaba como el líder de una gran cruzada contra la corrupción, la “politiquería”, la pobreza y la violencia política y social endémica, aparece ahora como el peor abanderado en esta “batalla” y presa de un sistema que el mismo presidente construyó desde arriba en la legislatura pasada. Está por ver si podrá desembarazarse a tiempo de esta rémora del pasado, renunciando incluso a los pactos con aquellas fuerzas que le apoyaron y subvierten el sistema político, reconduciendo su proyecto nacional por los senderos del programa que fue votado por más de 7,4 millones de colombianos. Tiene la mayoría que el pueblo le otorgó y tiene y puede actuar en la dirección positiva. El tiempo no dará la respuesta a este enorme desafío.
MEDIOS CONSULTADOS:
Abc
Cambio de Colombia
El Espectador
El País
El Mundo
Le Monde Diplomatique
Tiempo de Colombia
The Economist
The Guardian
12 Enero 2007
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