Especial Colombia: Los grandes desafíos del segundo mandato de Uribe, por Ricardo Angoso

12 Enero 2007

LOS GRANDES DESAFÍOS DE COLOMBIA ANTE EL SEGUNDO MANDATO DE ALVARO URIBE
RICARDO ANGOSO, 2006.
Introducción
Pese al triunfalismo que exhibe el presidente colombiano, Albaro Uribe, al comienzo de su nuevo mandato conviene recordar que la situación ni es tan positiva como pretenden hacernos creer sus partidarios, algunos incluso desde el exterior, ni la supuesta seguridad que ha logrado el uribismo tampoco parece haber dados los suficientes réditos en materia social. La situación deja mucho que desear y son millones los colombianos excluidos, tanto políticamente como socialmente.

El presidente tampoco ha logrado la paz con las sempiternas guerrillas locales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino que el proceso de paz se halla en punto muerto y no parece que al día de hoy, en vista de las últimas acciones armadas, estemos ante el comienzo de un nuevo escenario político. Las espadas siguen bien en alto y las FARC y los paramilitares continúan matando, implicando al Estado en una guerra de desgaste que genera inmensos costes económicos y “daños colaterales”, es decir, la reiterada violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales y el ejército.

La cruda realidad económica contra el presidente Uribe
En lo económico, pese al tenue crecimiento de Colombia, el desempleo ha bajado, desde el 16% hasta el 12% y la inflación ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, pero sigue siendo muy alta para un país con indicadores de pobreza por encima del 50% de la población y que golpea siempre a los más desfavorecidos. El Producto Interior Bruto (PIB), según datos de las organizaciones sindicales, ha mostrado una tímida tendencia al alza en los últimos años, pero siempre por debajo del alto desarrollo que tuvo Colombia a mediados de la década de los 90. Es decir, que el conjunto da para un aprobado raspado y la economía colombiana no muestra ni el vigor ni la capacidad que tienen otras economías de su entorno, como los casos de Argentina, Chile y Uruguay. E incluso Brasil, todas ellas por encima de Colombia.

No obstante, todos estos elementos, a priori relativamente positivos como cuadro macroeconómico, no han redundado en un mejor reparto de la riqueza y en la generación de mayores recursos para resolver los graves problemas sociales que tiene Colombia. Según datos oficiales, el 49,2% de los colombianos son pobres, más de veintidós millones, y el 30% de dicho colectivo son indigentes. En el campo, además, la situación empeoró y la pobreza se elevó hasta casi el 70% de la población. Millones de colombianos no tienen asistencia social ni sanitaria y la población infantil y anciana son los dos colectivos que más sufren esta ausencia del Estado en casi todo el país.

Otras fuentes, como la Comisión Económica para América Latina, elevan la población pobre de Colombia hasta los veinticuatro millones y la de indigentes, es decir, en la miseria, hasta los nueve, aunque el Gobierno se niega a aceptar estas cifras y prefiere las suyas maquilladas previamente. La Controlaría General de la República llega a elevar la cifra de indigentes hasta los once millones y el Banco Mundial consideraba que el número de ciudadanos en condiciones “muy difíciles” llegaba al 75%, mientras que el 0,2% de la población posee el 50% de las tierras productivas. Y el 10% de la población del país posee cerca del 46,5% de los ingresos totales contabilizados. Un desequilibrio social y económico, dicho de una forma sucinta, brutal.

Los últimos datos, publicados tras su reelección, tampoco caminan en la mejor de las direcciones: el desempleo vuelve a repuntar, unas décimas por encima del doce por ciento, y la confianza del consumidor cayó de 34,3% a 29,8%. Malos indicadores para el comienzo de una legislatura y que auguran un periodo difícil.

Luego está la alianza estratégica, en sus vertientes económica, política y militar, que el presidente Uribe ha tejido con los Estados Unidos. La no firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington, que ha sido un sonoro fracaso del ex presidente y ex embajador Andrés Pastrana, que nuevamente vuelve a mostrar su congénita ineficacia para casi todo, deja a Colombia aislada, ante la izquierdización de sus vecinos, y más dependiente todavía, si cabe, de las generosas ayudas que hasta ahora le han dado los Estados Unidos. Sin embargo, se espera que la ayuda militar se reduzca en los próximos ejercicios y el presidente Uribe ya ha anunciado nuevas subidas de impuestos, lo que ha generado algunas protestas en un país depauperado y machacado tras años de férreas políticas neoliberales y duros ajustes que han sufrido estoicamente las clases bajas y medias. Se trata de la tercera reforma fiscal que inspira Uribe, lo que muestra la inexistencia de un proyecto y el carácter táctico y no estratégico de su gobierno.

El presidente ya anunciado que uno de los ejes básicos de este mandato va a ser la lucha contra la pobreza, que falta hace, aunque sus alianzas con aquellos que han dirigido las duras políticas económicas de los últimos años no hacen presagiar nada bueno y es de temer que el continuismo, puesto de manifiesto en sus primeras medias, sea la línea maestra de este segundo mandato, pese a que la situación puede llegar a ser explosiva y no se deben descartar conflictos sociales. La pobreza debe ser el principal problema que debe ser afrontado, pues los mejores hombres y mujeres de Colombia tienen que emigrar para alimentar a sus familia, y la miseria se extiende como la cólera por las ciudades colombianas. Ya hay más de un millón de colombianos trabajando fuera de su país y enviando importantes remesas monetarias a sus familias.

El problema de la violencia
Uribe ha buscado en los últimos años tan sólo una solución militar al problema de la violencia política, olvidando que muchas veces la lucha armada tiene implicaciones y raíces sociales. Ha derrochado inmensos recursos del Estado en el ejército y nadie sabe a ciencia cierta, debido a las numerosas instituciones encargadas de la “lucha antiterrorista” y a los gastos encubiertos, cuánto gasta realmente en materia de seguridad y defensa el país, sin incluir aquí a la generosa ayuda recibida de los Estados Unidos en el último mandato. Recientemente, en una entrevista a la CNN, Uribe siguió empeñado en defender su fracasada política y renunció al uso de la política para resolver el largo conflicto colombiano.

Tan sólo ha habido algunos intentos, tenues titubeos, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estando actualmente las negociaciones en un peligroso punto muerto y sin que haya cerrado todavía este anacrónico capítulo guerrillero en la historia de América Latina. El negociador principal de la guerrilla, el ex guerrillero Antonio García, acusó al Gobierno colombiano de “intransigencia” y aseguró que el proceso con su grupo no terminara con un desarme o una desmovilización al estilo de la que se vivió con el desaparecido M 19. Este negociador también criticó, al igual que otras ONG,s locales e internacionales, el actual proceso impulsado por la Ley de Justicia y Paz que ha permitido la reintegración de los paramilitares en la vida civil colombiana, toda vez que les ha garantizado la impunidad, sortear en muchos casos la acción de la justicia y responder ante la sociedad por sus crímenes.

Son muchos los que piensan que la guerrilla, en caso de reinsertarse por la vía política, sufra un exterminio similar al padecido por la diezmada Unión Patriótica (UP) –heredera moral y política del M-19- en la década de los 90, cuando aquellos abandonaron la vida política y comenzaron a ocupar responsabilidades como alcaldes, concejales e incluso diputados fueron asesinados impunemente y expulsados de la vida política para siempre. Más de mil doscientos cargos públicos, militantes e incluso simpatizantes murieron a manos de sicarios pagados por sus adversarios políticos, paramilitares e incluso fuerzas “paralelas” del ejército y la policía que actúan en connivencia con los grupos anteriores. Los familiares de estas víctimas, también amenazadas y atacadas, siguen esperando una justicia que no llega y que tampoco parecen esperar del presidente Uribe.

Este estado de cosas, de cierto triunfo del terrorismo de Estado y de la impunidad en su forma más primaria, condiciona las probables negociaciones futuras con la guerrilla, tanto con el ELN como con las FARC. Sin embargo, que nadie se engañe: el presidente Uribe tampoco tiene una inequívoca voluntad de negociar con las diversas guerrillas y resolver políticamente el largo conflicto colombiano, que, recordémoslo, hunde sus raíces en las décadas de los cuarenta y los cincuenta ante la exclusión social y política de una importante parte de la población colombiana. Las causas de aquella violencia, que luego degeneró en formas brutales e injustificadas acciones terroristas, siguen presentes en la sociedad colombiana y mientras no se reduzca la exclusión social, que tiene causas económicas y políticas, esta cultura pervivirá durante algún tiempo.

No se ha abierto un auténtico diálogo con las fuerzas guerrilleras, que cada vez tienen más conexiones con el narcotráfico y se han consolidado en las regiones donde actúan, y tampoco se ha tratado de buscar un amplio consenso con todos los partidos políticos y actores implicados acerca de la mejor forma de afrontar el problema de la violencia endémica en este país.

Con respecto a la participación política, conviene recordar que la legitimidad democrática del régimen político colombiano es más bien baja. Los ciudadanos participan escasamente en las consultas, no todos los actores políticos tienen las mismas posibilidades de participar en las urnas y existe una reiterada y denunciada práctica de comprar votos en las zonas rurales y menos ilustradas, tal como todo el mundo conoce y es denunciado por la izquierda política colombiana. En las últimas elecciones, por ejemplo, la abstención llegó al 60%, pese a que el resultado fue considerado un éxito por el presidente Uribe dados los precedentes anteriores.

Por último, hay que señalar que la violencia en Colombia ha generado miles de víctimas, desplazados y ciudadanos expulsados de sus áreas de residencia y aldeas, habiendo perdido casi todas sus propiedades y viviendas. Según la ONG Codhes, especializada en este problema y actuando en Colombia, hay casi cuatro millones de colombianos  de desplazados en el país, una cifra que duplica a la ofrecida por la Oficina de Acción Social de la Presidencia, y que sitúa al país por encima de Irak, con 1,6 millones, e incluso Afganistán, si nos atenemos a los datos que ofrece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

 Esta masa social, que constituye los núcleos más paupérrimos y miserables formados alrededor de las grandes ciudades, espera que con el final de la violencia sean resarcidos y que de alguna forma se les haga justicia. Presa fácil del subempleo, las bandas criminales y la delincuencia común, junto con otras lacras, constituyen un sector social excluido de la vida política y económica colombiana, una parte de la población sin esperanza y que no ha recibido todavía la necesaria atención de un Estado precario, mal organizado y escasamente solidario con los que menos tienen.

Otras grandes perjudicados de esta larga guerra, que hunde sus raíces en el fracaso de la política tradicional por integrar a todos los sectores sociales y políticos colombianos en el sistema en las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, son las víctimas de las minas; unas 4.831 personas, según datos oficiales, han sufrido la amputación de algunos de sus miembros, la muerte o heridas graves a causa de estos artefactos explosivos. Por último, en lo que respecta a los secuestros políticos, porque comunes la cifra sería incontable, un cómputo fiable elevaría a los seiscientos el número total, entre los que destaca la conocida ciudadana francesa y crítica del sistema político colombiano Ingrid Betancourt. Según algunos avezados analistas locales, el Estado colombiano, con Uribe al frente, no tienen ni el más mínimo interés en resolver la suerte de estos secuestrados, algunos, como el caso de Betancourt, muy incómodos para el poder oficial.

Derechos Humanos, asignatura pendiente
En lo que respecta a la situación de los Derechos Humanos, el presidente Uribe, que se ha esforzado en su último mandato por integrar a los paramilitares en la vida civil colombiana, tampoco debería lanzar las campanas al vuelo y presentar como “exitosa” su gestión. La denominada política de “seguridad democrática” ha provocado en los últimos años numerosas detenciones arbitrarias, un sinfín de denuncias por asesinatos y torturas y una situación de cierta indefensión por parte de los ciudadanos, que ya ha sido denunciada por Human Rights Watch y por algunos eurodiputados que así se lo hicieron saber al mandatario colombiano cuando visitó el Parlamento Europeo. También los sindicatos colombianos han denunciado cientos de asesinatos en los últimos años, encarcelamientos ilegales y amenazas a cuadros y dirigentes sindicales en el ejercicio de sus funciones.

El aspecto más controvertido del mandato de Uribe ha sido la ya citada Ley de Justicia y Paz, que ha permitido el desarme de algunos paramilitares –otros siguen en armas o actúan en la sombra-, y la supuesta reintegración de estos grupos a la vida civil. Sin embargo, la ya citada Human Rights Watch ha llegado a objetar que tal medida legislativa tan sólo encubre una forma de amnistía de los autores de numerosos crímenes, desapariciones y delitos comunes, como la apropiación de bienes y propiedades de los campesinos y sus familiares que eran obligados a desalojar los pueblos y aldeas donde operaban.

Las medidas de “gracia” apoyadas para los paramilitares son excesivas y limitan la acción de la justicia, creando una suerte de estatuto especial para los miembros de estas unidades y sus máximos dirigentes. Resulta bastante sospechosa la benignidad con que actúa el Estado colombiano con los ex paramilitares y la terrible dureza, más allá de la dialéctica, del presidente Uribe hacia la guerrilla, habiendo cerrando en numerosas ocasiones la posibilidad de un diálogo franco, sincero y abierto con las FARC.

Estos elevados “costes” en materia de Derechos Humanos, como suele suceder, no han tenido una traducción simultánea en lograr más avances en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. El mismísimo diario norteamericano The New York Times ha llegado a considerar recientemente el Plan Colombia como “fracaso” y escaso de resultados sobre el terreno. De la misma forma, el último informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, de la Casa Blanca, publicado en plena campaña para la reelección de Uribe, reveló que en el 2005 fueron descubiertas tan sólo 39.000 hectáreas nuevas de coca en el país. Este hallazgo dejaba a Colombia en el mismo nivel de cultivos de coca del 2002, al comienzo del Plan Colombia. La efectividad del Plan, pese al exultante optimismo que muestra el presidente colombiano, ha quedado claramente en entredicho.

Finalmente, aparte de las 60.000 víctimas del conflicto, hay que reseñar los millones de desplazados, los casi 40.000 refugiados en los países vecinos y los 11.000 niños soldados obligados a enrolarse en las diversas guerrillas y en las FARC-EP.

La lucha contra la corrupción y la modernización del Estado
Son ya dos los mandatos en los que Uribe ha anunciado que una de sus prioridades será la lucha contra la corrupción y la modernización de la administración pública colombiana, tan necesitada de medios, dinero y credibilidad. Sin embargo, las “minas” no dejan de estallarle al presidente Uribe y, como si fuera una maldición, después de su toma posesión se han sucedido dos grandes escándalos: “el de las notarías”, como es conocido popularmente, y el de los militares.

El escándalo de la Superitendencia de Notaría y Registro ha llegado a los círculos más cercanos del presidente Uribe, pues ni más que menos que uno de sus mejores amigos y aliados, el superintendente Manuel Cuello Baute, se ha visto implicado en el asunto del cobro de comisiones y “coimas” (mordidas ilegales) a notarios que habían sido sancionados y expedientados. Al parecer, parte de este dinero sirvió incluso para financiar a diputados uribistas, entre los que destaca, por su peso específico, Alfredo Cuello Baute, hermano del superintendente y presidente de la Cámara legislativa colombiana, lo cual muestras a las claras hasta que niveles ha llegado la corrupción durante la larga era de Uribe.

Luego está el asunto de los oficiales del ejército implicados en la colocación de bombas en la capital colombiana, Bógota, el pasado verano. Al parecer, dos oficiales con fuertes relaciones con la inteligencia e implicados en la lucha contra la insurgencia colocaron varios explosivos en la capital del país con el fin de conseguir más poderes, medios y un rápido ascenso. El episodio, todavía no aclarado y sobre el que se ciernen las más negras sospechas, ha sido cerrado en falso por Uribe, que asegura que no hay “pruebas” y que debe ser investigado, pese a las decenas de evidencias. El presidente, como todo autócrata, ha denunciado una campaña mediática en su contra y ha negado tajantemente algunas confesiones truculentas de los principales testigos. El presidente, en su estilo habitual, ha cerrado filas defendiendo al ejército y no ha querido llegar hasta el fondo del asunto, taponando una brecha que seguramente le estallará durante este mandato y no queriendo afrontar la necesaria reforma de unas  fuerzas armadas que siguen ancladas en la Doctrina de Seguridad Nacional y en el fracaso Plan Colombia auspiciado por los Estados Unidos, que no ha conseguido ni llevar la seguridad al territorio nacional ni acabar con la larga guerra que vive este país desde hace décadas.

El mismo periódico bogotano Tiempo, por lo general cercano a los círculos de asesores de Uribe y bien informado, aseguraba que había muchos puntos que investigar sobre las conexiones entre algunos militares y los falsos atentados, que tenían como finalidad lograr un mayor peso del ejército en la política colombiana y la promoción personal de algunos miembros de las unidades que, paradójicamente, persiguen al terrorismo. La cúpula militar, más diplomática y hábil que Uribe, se ha negado a secundar la numantina defensa del presidente Uribe y espera que las investigaciones culminen.

Son ya muchos los militares, policías y servidores del Estados los que han sido descubiertos abiertamente en reuniones formales e informales con grupos criminales y delictivos, como han revelado algunos líderes paramilitares que fueron avisados previamente de que iban a ser detenidos y, probablemente, extraditados a Estados Unidos. No se trata de una serie de escándalos inconexos y sin relación alguna entre sí, sino que son cascada de hechos y sucesos de una gravedad que tan sólo la huida hacia delante de Uribe le han llevado a minimizar, e incluso negar, lo que eran algo más que una simples “evidencias” que afectaban a la credibilidad y al honor de las instituciones y las fuerzas armadas.

Hay otros escándalos “menores”, como la entrega de injustificados beneficios judiciales a narcotraficantes conocidos y perseguidos, como “el Tuso” y “los mellizos”, todavía no suficientemente explicados y que muestran la conexión cada vez más clara entre algunos estamentos judiciales y el crimen organizado. Tanto paramilitares como narcotraficantes se han beneficiado en los últimos años de numerosas medidas de gracia y de la ineficacia de una justicia incapaz de poner coto a la impunidad reinante, sin que ello haya sido motivo de preocupación para Uribe, cuya única obsesión parece la lucha contra una guerrilla que dice haber vencido ya y que está en sus “últimos estertores”.

Resumiendo: el presidente Uribe había hecho bandera de la lucha contra la corrupción y la modernización del Estado al comienzo de su primer mandato, pero los duros hechos corroboran de que las principales bases de la administración del Estado, comenzando por el ejército, la policía y los servicios secretos, están minados y necesitados de cambios urgentes, por lo menos de caras. No es posible que el presidente Uribe, que ha sido el paraguas protector de numerosos escándalos y crímenes del ejército –hay procesados ocho militares por el asesinato de falsos militantes de la FARC a los que antes torturaron brutalmente-, siga escudándose en que son “hechos aislados” y en negar todas las pruebas, cuando la cruda realidad de los tozudos hechos se empeña en desmentirle una y otra vez. La gran cuestión estriba en saber en quién es rehén de quién, si Uribe de estas fuerzas armadas servidoras de los intereses de la oligarquía nacional o viceversa.

Uribe II no anuncia cambios ni grandes reformas
Ahora, sin embargo, con una sólida mayoría absoluta conseguida porque la sociedad colombiana prefirió la actual seguridad al crecimiento económico y al desarrollo social, Uribe tiene la posibilidad de abrir un gran diálogo nacional, de enfrentarse a los problemas sociales y estructurales que tiene la economía colombiana y de modernizar una obsoleta y vetusta administración. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Tiene voluntad real de hacerlo Uribe? En sus primeros discursos ya ha dicho que la pobreza está en el centro de su programa y parece dispuesto a buscar una estrategia política que permita poner fin a la violencia en Colombia, primer problema del país y principal escollo para su crecimiento económico. Está por ver.

Por ahora, la falta de cohesión del movimiento que le apoya podría lastrarle en este segundo mandato, tal como se ha reflejado en estas primeras semanas, y los problemas no han hecho más que comenzar. No olvidemos que el presidente Uribe no cuenta con un partido como apoyo, sino que la alianza que le sostiene y le apoya es una amalgama de grupos conservadores, ex liberales, notables y conocidos oportunistas e “independientes” ligados a la oligarquía social y económica del país.

Como explicaba el profesor y ex candidato presidencia opositor Carlos Garviria, “los grupos que lo apoyan (a Uribe) no constituyen un partido sino sectores políticos o coyunturales que sólo disputan cargos burocráticos; me choca mucho utilizar el término pero así es: van a “encarecer” su apoyo a las iniciativas de gobierno, de modo que es evidente que la gobernabilidad para Uribe va a ser mucho más difícil. No sabría pronosticar cuánta va a ser la duración de estos movimientos, pero lo que sí podría asegurar es que serán efímeros porque no tienen un proyecto de país. Lo que han hecho hasta ahora es apoyar al gobierno en busca de representación burocrática”.

Los últimos años del uribismo han revelado que el presidente, como el general de García Marquez, vive en su laberinto, presa de una inercia del pasado que no le permite abrazar fórmulas renovadoras e innovadoras y rehén de una oligarquía que no percibe al país como un proyecto nacional e integrador, sino como una gran “finca” de la cual pueden extraer sus pingues beneficios sin contar con la mayoría social excluida.

Además, Uribe se ha instalado desde su llegada al poder tras su reelección como un equilibrista que trata de hacer compatible los diversos intereses del heterogéneo grupo que lo apoya y los intereses nacionales, algo que no siempre es fácil y suele producir colisiones, como las que ya ha habido. El clientelismo, la corrupción en los más altos estamentos y la inercia del pasado, que viene caracterizado por la miseria generalizada del país y la falta de un ímpetu reformista a las primeras medidas de este gobierno, son los principales rasgos de este segundo mandato que se inicia ahora.

“Lo que aparece es un segundo gobierno preso de la politiquería y dedicado a devolver factores con tal de asegurar una frágil gobernabilidad, como lo ha demostrado el insolente comportamiento de sus bancadas. Ya no se trata de meritocracia, sino de favoritismo, sacrificando muy buenos funcionarios. Esto explica la sorpresiva designación de políticos profesionales en posiciones que exigen conocimientos técnicos y experticia, como la presidencia del Banco Agrario, la Superintentendencia de Salud, la Dirección de Estupefacientes o el Bienestar Familiar, para mencionar sólo algunos de los casos más notorios”, aseguraba un editorialista del periódico Tiempo recientemente.

Uribe tendrá que decidir si pasa a la historia como un reformista, en un país tan necesitado de cambios y grandes transformaciones a todos los niveles, o como un presidente más en la larga lista de mandatarios fracasados en la historia de Colombia. Desde luego el nuevo mandato se abre bajo el manto de la incertidumbre, y las primeras medidas quedan muy lejos del espíritu de la campaña electoral. Uribe, que en un principio se presentaba como el líder de una gran cruzada contra la corrupción, la “politiquería”, la pobreza y la violencia política y social endémica, aparece ahora como el peor abanderado en esta “batalla” y presa de un sistema que el mismo presidente construyó desde arriba en la legislatura pasada. Está por ver si podrá desembarazarse a tiempo de esta rémora del pasado, renunciando incluso a los pactos con aquellas fuerzas que le apoyaron y subvierten el sistema político, reconduciendo su proyecto nacional por los senderos del programa que fue votado por más de 7,4 millones de colombianos. Tiene la mayoría que el pueblo le otorgó y tiene y puede actuar en la dirección positiva. El tiempo no dará la respuesta a este enorme desafío.

MEDIOS CONSULTADOS:

Abc
Cambio de Colombia
El Espectador
El País
El Mundo
Le Monde Diplomatique
Tiempo de Colombia
The Economist
The Guardian

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